La reciente decisión de Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, de proceder con la venta de una sección de Playa Marlín ha desatado una ola de desaprobación por parte de diversas agrupaciones cívicas. Estas organizaciones han manifestado su firme oposición a la medida, demandando la realización de foros y consultas abiertas para que la ciudadanía exprese su postura. El núcleo de su preocupación radica en la salvaguarda del entorno natural, la rendición de cuentas y la necesidad de una transparencia absoluta en el proceso. La situación ha escalado, y la comunidad de Cancún se encuentra movilizada para evitar lo que consideran una pérdida irreparable de un patrimonio común.
La controversia se intensifica a medida que las organizaciones de la sociedad civil insisten en la divulgación completa del contrato de concesión, argumentando que la omisión de esta información contraviene el Acuerdo de Escazú y los principios legales y constitucionales que rigen la transparencia y la progresividad. Más de una quincena de colectivos exigen que cualquier acuerdo de venta o cesión de Playa Marlín, sea cual sea su naturaleza, sea publicado íntegramente, detallando plazos, cláusulas, contraprestaciones y los términos de reversión. Esta demanda se basa en la convicción de que la población tiene derecho a conocer todos los pormenores de una decisión que impacta directamente en su entorno y calidad de vida.
Asimismo, los grupos opositores han señalado que la determinación de la alcaldesa no solo compromete el acceso público a un área natural de gran importancia estratégica, sino que también transgrede derechos constitucionales fundamentales, desestima las tendencias urbanas globales de protección de espacios públicos y representa una amenaza directa a la identidad territorial de Cancún, al bienestar emocional de sus habitantes y a su derecho inalienable a decidir sobre su propio medio ambiente. La memoria colectiva de eventos pasados, como lo ocurrido en Playa Delfines, refuerza la determinación de la comunidad de no ceder ante la posible privatización de otro de sus emblemáticos espacios naturales.
La propuesta inicial de la administración municipal, que incluía la enajenación de terrenos adyacentes a Playa Marlín en la zona hotelera, se presentó con el objetivo de recaudar fondos para programas sociales y obras públicas en áreas marginadas. Sin embargo, esta justificación no ha logrado apaciguar las críticas. El debate ha trascendido el ámbito ciudadano, llegando incluso al propio Cabildo, donde regidoras del partido Morena han expresado abiertamente su desacuerdo, evidenciando la magnitud del rechazo y la polarización que ha generado esta iniciativa dentro de los círculos políticos y sociales de Cancún.
