Comunidades Autónomas exigen al Gobierno central un nuevo enfoque turístico

Trece Comunidades Autónomas de España han unido fuerzas en Sevilla para lanzar un llamado urgente al Gobierno central. En el marco del TIS (Tourism Innovation Summit), estas regiones han suscrito una declaración institucional donde manifiestan su honda inquietud por la dirección actual de la política turística nacional. Proponen, además, la creación de un nuevo esquema de colaboración y gestión que permita fortalecer la posición de liderazgo de España en el ámbito turístico. Entre las firmantes se encuentran pilares turísticos como Andalucía, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana, que juntas representan la mayor parte de la actividad turística del país, tanto a nivel nacional como internacional. Su principal objetivo es reafirmar el turismo como un motor esencial de la economía y el empleo, promoviendo un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la competitividad, en contraposición a lo que consideran un discurso gubernamental que estigmatiza al sector.

Manifiesto de Sevilla: Un llamado a la acción por el futuro del turismo español

En un evento significativo celebrado en la vibrante ciudad de Sevilla, trece Comunidades Autónomas españolas se congregaron para expresar su profunda inquietud respecto a la gestión turística del Gobierno de España. Esta Declaración Institucional, firmada por regiones clave como Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, las Islas Baleares, las Islas Canarias, La Rioja, Melilla y la Región de Murcia, subraya la relevancia del turismo como una fuerza motriz para la nación y propone un renovado marco de cooperación para salvaguardar el liderazgo turístico de España.

Las Comunidades Autónomas denunciaron la perceptible ruptura del diálogo institucional, evidenciada por la ausencia de convocatorias a la Conferencia Sectorial de Turismo desde finales de 2023, y la inacción del Ministerio de Industria y Turismo en asuntos vitales para el sector. Han rechazado enérgicamente el discurso que responsabiliza al turismo de problemas estructurales, argumentando que el sector, lejos de ser la causa, es una parte fundamental de la solución para la cohesión social y económica del país.

Un punto crucial del manifiesto es la clara distinción entre la crisis de vivienda y la actividad turística. Las firmantes argumentan que el problema de acceso a la vivienda es un asunto estructural, agravado por fallas en la Ley Estatal de Vivienda, y no directamente imputable a las viviendas de uso turístico (VUT) cuando están debidamente reguladas. Enfatizan que las VUT contribuyen a revitalizar áreas urbanas y complementan la oferta de alojamiento.

Además, las Comunidades Autónomas abordaron la cuestión de la gestión del crecimiento en lugar de la supuesta "masificación", viéndolo como una consecuencia de la ineficacia gubernamental para contener la migración interna. Insistieron en la necesidad de gobernanza, planificación e inversión, en lugar de la criminalización de la actividad.

Finalmente, exigieron un respeto irrestricto a sus competencias exclusivas en ordenación turística y territorial, solicitando la revisión inmediata de normativas como el Real Decreto 1312/2024, que consideran una invasión de competencias y una fuente de cargas burocráticas. También abogaron por una gestión aeroportuaria más colaborativa y alineada con los intereses regionales, con el fin de mejorar la conectividad y promover la desestacionalización. El manifiesto concluye con un compromiso de las Comunidades Autónomas a facilitar el diálogo y la colaboración, al tiempo que instan al Gobierno de España a restablecer los foros de cooperación y a abandonar políticas que fomentan el sentimiento anti-turismo.

Este significativo pronunciamiento resalta la tensión entre los gobiernos autonómicos y el gobierno central en la gestión del sector turístico, un pilar económico vital para España. La demanda de mayor autonomía, diálogo y un enfoque menos criminalizador hacia el turismo sugiere la necesidad imperante de un replanteamiento estratégico que garantice un futuro próspero y sostenible para esta industria. El llamado a la colaboración y a la coherencia en las políticas podría sentar las bases para una gestión más efectiva y unificada, beneficiando así a todas las regiones y consolidando la posición de España como un destino turístico de excelencia a nivel global.