En un avance significativo para el sector turístico español, el Gobierno y las asociaciones de agencias de viajes, representadas por ACAVe, han logrado un primer acercamiento de posturas respecto a la controvertida Directiva de Viajes Combinados. Este diálogo, que se produce en un momento decisivo para la legislación europea, busca consensuar un texto que satisfaga tanto los intereses de las empresas como la protección del consumidor. La reunión con el Ministerio de Consumo ha sido calificada como positiva, abriendo la puerta a futuras colaboraciones y a la búsqueda de soluciones conjuntas en un tema de gran relevancia para la industria.
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha confirmado que, por primera vez desde que la Comisión Europea inició la revisión de la Directiva de Viajes Combinados en 2023, el Gobierno español se ha mostrado receptivo a escuchar las inquietudes del sector. A diferencia de otros países europeos donde los gobiernos ya habían manifestado una postura clara, España no había fijado una posición oficial hasta ahora. Las agencias de viajes en España se oponen a ciertas modificaciones propuestas por la Unión Europea, argumentando que podrían perjudicar tanto sus operaciones como los derechos de los viajeros, a pesar de que el objetivo de la norma es reforzar la protección ante escenarios de quiebras, como la experimentada con Thomas Cook.
El encuentro con los portavoces de Consumo ha arrojado un balance favorable, según ACAVe. El Ministerio se ha comprometido a revisar los puntos de desacuerdo con las agencias de viajes. Las fuentes de ACAVe indicaron que, en términos generales, las posiciones no están tan distantes como se percibía inicialmente. Entre los aspectos de coincidencia, el Gobierno y las agencias comparten la opinión de que no deberían establecerse mecanismos de reclamación especiales para los viajes combinados, una propuesta del Parlamento Europeo. Asimismo, existe acuerdo en las circunstancias excepcionales que justifican la cancelación de un viaje sin penalización antes de su inicio, sugiriéndose ampliar estas condiciones a situaciones que afecten el lugar de residencia del viajero o el punto de partida del viaje.
En cuanto a la limitación de los pagos anticipados, la propuesta actual sugiere que los clientes no abonen más del 25% del coste total del paquete turístico al operador si la reserva se realiza con antelación, liquidando el resto con 28 días o menos de antelación al comienzo del viaje. Consumo ha manifestado su intención de analizar la postura de las agencias respecto a este punto, así como la exclusión de los viajes de negocios de esta normativa.
ACAVe subraya que esta primera interacción con el Gobierno es fundamental, dado que coincide con el triálogo entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo, un proceso crucial para la redacción del documento definitivo. Aunque el Gobierno aún debe estudiar algunos puntos, las agencias confían en que se defenderá su posición, que además se alinea con la de otras patronales europeas, evidenciando una comprensión de sus argumentos y motivaciones.
Este acercamiento entre el Gobierno y las agencias de viajes de España representa un hito crucial en la revisión de la Directiva de Viajes Combinados. La apertura al diálogo y la voluntad de conciliar intereses demuestran un compromiso por encontrar soluciones equilibradas que protejan a los consumidores sin menoscabar la viabilidad de las empresas turísticas. El éxito de estas negociaciones será clave para el futuro del sector, asegurando un marco legal que fomente un turismo seguro y justo en toda Europa.
